Los hechos cotidianos merecen una mirada hacia el fondo para comprenderlos de manera integral. Este es el espacio para los reportajes y los análisis que permiten comprender las capas de los asuntos públicos.
Ocho años de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público dejaron una factura que todavía se paga fuera del país: al menos 150 personas tuvieron que salir al exilio tras ser perseguidas, según el informe *La verdad del exilio*, presentado en la Ciudad de México por Casa Centroamérica.
El documento se construyó durante más de un año a partir de más de 100 testimonios de personas criminalizadas y de sus familiares —los que se fueron con ellas y los que se quedaron. Entre los hallazgos: detenciones en celdas de aislamiento, campañas de violencia digital y un patrón de ataques contra mujeres dirigido a su honorabilidad, su profesionalidad y su dignidad.
Comisiones de postulación sin reglas claras, universidades "patito" creadas para conseguir un voto y diputados negociando magistraturas: así describe el sistema de elección de altas autoridades de justicia en Guatemala la persona entrevistada en este video de Tomo la Palabra.
En pocos minutos plantea tres reformas concretas: cambiar la ley de comisiones de postulación, separar la elección de salas de apelaciones de la de altas autoridades y fortalecer la carrera judicial y advierte que ninguna será posible sin antes "limpiar" el Congreso y la Corte de Constitucionalidad.
En mayo, a los vecinos de la colonia Landívar, zona 7, se les secó la tubería. Las pipas que prometió la Muni nunca llegaron y les tocó pagar entre Q450 y Q600 por un camión de agua. No es un caso aislado: la Municipalidad de Guatemala ha desembolsado Q19,970,000 en los últimos seis años a empresas de pipas, plata con la que se podría haber ampliado o mejorado la red de distribución.
Detrás del camión cisterna hay algo más que un precio alto: riesgos sanitarios que nadie certifica, pozos privados que nadie tiene en lista y un subsuelo del que, literalmente, no se sabe cuánta agua queda.
Llegó a jueza de mayor riesgo con una calificación perfecta y más de 15 años de carrera. Conoció casos que tocaron a empresarios de la élite económica, a operadores políticos y a la forma en que se eligen magistrados en Guatemala. En marzo de 2022 tuvo que salir del país. Desde entonces, Erika Aifán sigue en el exilio.
Esta es la reconstrucción de una historia que resume, en una sola biografía, lo que le pasa en Guatemala a quien se atreve a juzgar a los intocables: antejuicios, denuncias en cadena y, al final, la maleta.
En 2017, el entonces juez Carlos Ruano hizo pública una denuncia que cambió su vida: una magistrada de la Corte Suprema de Justicia le pidió que sacara de la cárcel a su hijo, acusado en un caso de corrupción por la contratación de una empresa sin experiencia para dar diálisis a pacientes renales. Ruano la grabó. La magistrada perdió inmunidad, fue capturada… y terminó de vuelta en su puesto, con una indemnización millonaria.
El que salió del país fue el juez. Esta es la cronología de un caso que resume, en pocos pasos, cómo funciona la impunidad en Guatemala: la prueba existe, el favor se pide de frente, y el que se sale con la suya no es quien denuncia.
