El juez que grabó a una magistrada pidiéndole un favor: el caso Carlos Ruano y el precio de no obedecer
En 2017, el entonces juez Carlos Ruano hizo pública una denuncia que cambió su vida: una magistrada de la Corte Suprema de Justicia le pidió que sacara de la cárcel a su hijo, acusado en un caso de corrupción por la contratación de una empresa sin experiencia para dar diálisis a pacientes renales. Ruano la grabó. La magistrada perdió inmunidad, fue capturada… y terminó de vuelta en su puesto, con una indemnización millonaria. El que salió del país fue el juez. Esta es la cronología de un caso que resume, en pocos pasos, cómo funciona la impunidad en Guatemala: la prueba existe, el favor se pide de frente, y el que se sale con la suya no es quien denuncia.
Por Redacción Tomo la Palabra · · Reportaje
El origen: diálisis para pacientes renales en manos de una empresa sin experiencia
Todo arranca con un caso que muchos recuerdan: la contratación, por parte del IGSS, de una empresa sin experiencia y sin equipo para brindar el servicio de diálisis a pacientes renales. El hallazgo fue resultado de una investigación conjunta del Ministerio Público y la CICIG, y derivó en un proceso penal contra varios acusados.
Entre esos acusados estaba Otto Molina Stalling, hijo de Blanca Stalling, en ese momento magistrada de la Corte Suprema de Justicia.
La reunión que quedó grabada
En 2017, el juez Carlos Ruano estaba a punto de iniciar el juicio contra los acusados. Antes de una audiencia en la que se resolvería si el hijo de la magistrada seguía o no en prisión durante el proceso, Stalling —superior jerárquica del juez— lo citó. Ruano asistió. Y grabó.
En esa grabación, según su denuncia pública, la magistrada le solicita un favor ilegal: que sacara a su hijo de la cárcel.
El resultado inmediato fue el que uno esperaría de un sistema que funciona: Stalling perdió su inmunidad y fue capturada.
El giro: absuelta, reinstalada e indemnizada
Ahí se acaba la parte donde el sistema funciona.
A pesar de la grabación —una prueba que el propio juez aportó—, Blanca Stalling fue liberada de todos los cargos y regresó a su puesto en la Corte Suprema de Justicia. Además, recibió una indemnización de Q5.7 millones por los salarios que no percibió durante el tiempo que estuvo fuera del cargo.
Leelo otra vez: el favor se pidió, quedó grabado, y al final hubo pago retroactivo.
El castigo fue para el que denunció
En 2022, cuando se cerró el caso contra Stalling, la Fundación contra el Terrorismo presentó una denuncia contra el juez Carlos Ruano.
En 2023, la Corte Suprema de Justicia tramitó el retiro de su inmunidad. Ruano tuvo que salir al exilio.
Desde entonces permanece fuera del país, junto a otras personas que también enfrentaron a la corrupción y la impunidad en Guatemala y hoy no pueden volver.
Lo que este caso deja claro
El caso Ruano no es una anécdota judicial: es un manual. Muestra qué pasa cuando alguien dentro del sistema decide no hacer el favor y, encima, documentarlo. La consecuencia no cayó sobre quien pidió el favor, sino sobre quien lo denunció.
Y conviene recordar el punto de partida: al final de esta cadena de audiencias, absoluciones e indemnizaciones estaban pacientes renales que necesitaban diálisis y un servicio contratado a una empresa que no tenía ni experiencia ni equipo.
[00:00] Hablante 1: ¿Te acordás de cuando el IGSS contrató a una empresa sin experiencia y sin equipo para darle diálisis a los pacientes renales? Ese fue un descubrimiento del MP y la CICIG que tuvo distintas consecuencias. En 2017, cuando el exjuez Carlos Ruano iba a comenzar el juicio contra los acusados, hizo pública una denuncia que le costó el exilio. ¿Y qué denunció? Denunció que Blanca Stalling, una magistrada de la corte suprema de justicia de ese entonces, le pidió que sacara a su hijo de la cárcel. Otto Molina Stalling, hijo de la magistrada, estaba acusado en esta investigación de corrupción. Siendo superior jerárquica del juez, Blanca Stalling lo citó antes de una audiencia donde se resolvería si su hijo saldría o no de prisión mientras durara el proceso. Ruano asistió a la reunión y grabó a la magistrada mientras le solicitaba este favor ilegal. Blanca Stalling perdió su inmunidad y fue capturada. Sin embargo, a pesar de la prueba contundente del juez, fue liberada de todos los cargos y regresó a su puesto. Incluso le pagaron una indemnización de 5.7 1000000 de quetzales por los salarios que no percibió durante ese tiempo. En el 2022, cuando cerraron el caso contra Stalling, la fundación contra el terrorismo denunció al juez Carlos Ruano. Luego, en 2023, la corte suprema de justicia tramitó su retiro de inmunidad, y él tuvo que salir al exilio. Desde entonces, permanece fuera del país, junto a otras personas que también lucharon contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Recordá que esta y otras historias las podés encontrar en tomo la palabra. Seguinos en todas las redes sociales como @Tomolapalabragt.
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