La jueza que sentó a la élite en el banquillo y terminó exiliada: el caso de Erika Aifán

Una carrera construida a pulso

Erika Aifán no llegó a donde llegó por acomodo. Más de 15 años de carrera judicial y una calificación perfecta la llevaron a su puesto. Con esa experiencia la nombraron jueza de mayor riesgo, el tipo de judicatura que conoce casos de alto impacto y de corrupción grave. Es decir: los casos que nadie quiere firmar.

Y los firmó.

Los empresarios que pidieron perdón y hoy hacen como que no pasó nada

Uno de los expedientes que pasó por su juzgado sentó en el banquillo de los acusados a grandes empresarios de la élite económica por el financiamiento anómalo al partido que llevó a Jimmy Morales a la presidencia.

El detalle que más incomoda: ellos lo reconocieron y ofrecieron disculpas a Guatemala. Lo aceptaron. Lo dijeron en público. Hoy, según el relato de este caso, actúan como si nada hubiera ocurrido.

Ahí hay una lección incómoda sobre cómo funciona la impunidad en este país: no siempre se niega el hecho, a veces simplemente se deja pasar el tiempo hasta que nadie lo recuerde. Comisiones Paralelas: tocar la elección de magistrados

El otro caso que marcó su destino fue Comisiones Paralelas, la investigación que reveló cómo operadores políticos, diputados y otros actores manipularon la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Apelaciones.

O sea: no se trataba de un juez corrupto suelto por ahí, sino del mecanismo mismo con el que se reparte el poder judicial en Guatemala.

Fue precisamente ese caso el que le valió un antejuicio y el que terminó empujándola al exilio en marzo de 2022.

Quién la denunció El encargado de poner la denuncia contra Aifán fue Wilbert Castellanos. En ese momento él era director del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones y, al mismo tiempo, estaba acusado en el caso Comisiones Paralelas por haberse reunido con Gustavo Alejos, uno de los operadores políticos involucrados en el caso.

Léelo otra vez: el acusado denuncia a la jueza que conoce el caso en el que está acusado.

Y no fue el único frente. Aifán también enfrentó denuncias de Máynor Moto, Rafael Curruchiche y Ricardo Méndez Ruiz. Defenderse en Guatemala se volvió cada día más caro y más difícil.

El caso que subió el volumen de los ataques Los ataques contra la jueza arreciaron cuando conoció un caso en el que se investigaba al presidente por financiamiento anómalo en 2019. La investigación apuntaba a que José Luis Benito, exministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, habría beneficiado a la campaña de Vamos con sobornos de constructoras.

Dinero de obra pública convertido en campaña política. Una hipótesis que, de comprobarse, explica bastante del país que tenemos.

Lo que queda Desde 2022, Erika Aifán permanece fuera de Guatemala. Su historia muestra algo que ya no se puede disimular: una jueza que se atrevió a procesar a empresarios, políticos y operadores de justicia tuvo que abandonar su país para protegerse. No renunció porque le fallara el expediente. Se fue porque el sistema que debía respaldarla se volvió en su contra.

La pregunta que deja no es sobre ella. Es sobre nosotros: ¿qué clase de justicia queda cuando quienes la aplican tienen que irse y quienes son acusados se quedan?

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