"Nuestro delito fue defender la democracia": autoridades ancestrales que hablan desde el exilio
Dos integrantes de autoridades ancestrales —uno del pueblo maya Ixil y otra del municipio de Santa Lucía Ixtatán— cuentan en pocas palabras lo que les costó haber estado al frente de la resistencia de 106 días que paralizó el país en 2023: la persecución del sistema de justicia y la salida forzada de Guatemala. No hablan de política abstracta. Hablan de un cálculo brutal y concreto: estar fuera del país o estar preso. "Por defender la vida para no estar en la cárcel", resume una de ellas.
Por Redacción Tomo la Palabra · · Comunidad
Quiénes toman la palabra
"Me llamo Diego Seto, integrante de las autoridades ancestrales del pueblo maya de Ixil", dice el primero de los entrevistados. La segunda voz se identifica como Luz Emilia, originaria del municipio de Santa Lucía Ixtatán, y explica que está "en mi servicio como autoridad ancestral".
Los dos coinciden en algo: hoy están en el exilio.
El "delito": sostener el orden constitucional
La explicación que dan de su situación es tan sencilla que incomoda. No hay subtramas ni tecnicismos legales. Hay una secuencia: en 2023 hubo elecciones, hubo un intento de desconocerlas, hubo pueblos organizados que salieron a defender el resultado y después hubo persecución.
"El sistema de justicia en Guatemala nos ha perseguido por la defensa de la democracia y el orden constitucional 2023", señala Diego Seto. Y remata con la frase que resume toda la entrevista: "Pues eso es nuestro delito, o sea, por defender el sistema democrático en Guatemala".
Luz Emilia apunta al mismo punto, pero desde la organización territorial: "Articulamos a los pueblos para exigir al Ministerio Público respeto a las elecciones que en ese año se llevaron a cabo".
106 días
La referencia que ambos usan como marca de tiempo es la resistencia que se sostuvo "durante los 106 días a nivel nacional en Guatemala". Ese es el punto de quiebre que señalan: antes de eso eran autoridades ancestrales ejerciendo su servicio comunitario; después, personas señaladas por el sistema de justicia.
"Cuando levantamos la voz, las autoridades de los pueblos originarios…", dice Luz Emilia, y la frase queda colgada ahí, como queda colgada la vida de quien tiene que salir de su país sin saber cuándo vuelve.
La elección que nadie debería tener que hacer
El cierre de la entrevista es la parte más dura, y también la más clara sobre qué significa en la práctica criminalizar la protesta: "Por defender la vida para no estar en la cárcel, que me encuentro aquí en el exilio".
No es una metáfora. Es la descripción de una decisión: irse o ser procesado.
Esta es una entrevista breve dentro de la serie de Tomo la Palabra sobre autoridades ancestrales y criminalización. Prohibido dejar de pensar.
[00:00] Hablante 1: Me llamo Diego Ceto, integrante de las autoridades ancestrales del pueblo Maya de Ixil. [00:06] Hablante 2: Soy Luz Emilia Ulario Zavala, originaria del municipio de Santa Lucía, Utatlán, del departamento de Sololá. Está en mi servicio como autoridad ancestral. [00:18] Hablante 1: Estoy en el exilio porque el sistema de justicia en Guatemala nos ha perseguido por la defensa de la democracia y el orden constitucional 2023. [00:24] Hablante 2: Por la resistencia que se mantuvo durante los 106 días a nivel nacional en Guatemala, estoy en el exilio. Articulamos a los pueblos para exigir al Ministerio Público respeto a las elecciones que en ese año se llevó a cabo. [00:45] Hablante 1: Cuando levantamos la voz, las autoridades de los pueblos originarios, pues eso es nuestro delito, o sea, por defender el sistema democrático en Guatemala. [00:51] Hablante 2: Y por defender la vida para no estar en la cárcel, que me encuentro aquí en el exilio.
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