Guatemala conformará un Tribunal de Conciencia Ambiental por contaminación de cuerpos de agua

El próximo febrero Guatemala llevará a cabo un Tribunal de Conciencia en materia ambiental. Se trata de un ejercicio semejante a un juicio, pero que tiene por finalidad realizar una condena moral que sirva para generar conciencia.

En medio de una amplia baraja de asuntos posibles que analizar, la iniciativa impulsada por la Alianza Escazú Guatemala se centrará en el caso de la contaminación del río San Román, el río Las Vacas y el lago de Atitlán.

Magalí Cano, representante de la Alianza Escazú, comentó que eligieron estos casos porque están muy documentados y esperan que de aquí a febrero las comunidades complementen con aún más información. Sin embargo, fue difícil elegir pues “ la cantidad de casos de impacto de violación de derechos humanos y derechos ambientales en nuestro país está creciendo”.

Este Tribunal de Conciencia es una forma de alcanzar la justicia simbólica que no es posible en los juzgados legales para, en palabras de los impulsores de la iniciativa, dimensionar el ecocidio que sufre la naturaleza, una categoría más grave que los delitos ordinarios, pero que no está en las leyes guatemaltecas.

A su vez la falta de vinculación legal de lo que resulte de este esfuerzo no implica que no tenga rigurosidad técnica. Rafael Herrarte, también de la Alianza Escazú, destacó que la iniciativa comprenderá un fiscal, se analizarán los casos conforme a evidencia científica y habrá un jurado de personas conocedoras de litigio ambiental y de problemáticas en los ecosistemas.

“Y creo que el tema de la conciencia es el proyectar la situación actual 50 años y hacernos la gran pregunta, ¿es sostenible en nuestro territorio para aguantar la operación que se está haciendo con él?”, planteó Herrarte.

La Alianza está conformada por varias organizaciones civiles que trabajan temáticas ambientales y el proceso de un Tribunal de Conciencia es parte del proceso que impulsan estos activistas para que Guatemala ratifique el Acuerdo de Escazú, un tratado de América Latina y el Caribe que fortalece la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en materia ambiental.

Guatemala firmó el Acuerdo de Escazú el 27 de septiembre de 2018, pero no lo ratificó. Después, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei comunicó en diciembre del 2022 a las Naciones Unidas que no tenía intención de convertirse en Estado parte del Acuerdo. Un revés que ha metido al país en un entrampamiento y del que no ha podido salir.

“Habrá que decir que no es desconocimiento, no es ignorancia, no es falta de criterio político porque (Arévalo) lo tiene, lo hay. Aquí hay una piedra delante del camión para que el camión no camine y este es el sector privado”, acusó Herrarte.

Durante la presentación en el Cine Lux de este evento también hubo críticas y llamados a recapacitar dirigidos al presidente Bernardo Arévalo de parte de organizaciones comunitarias.

“No hubo el compromiso del gobierno en promover Escazú, mucho menos en ratificarlo. Cuando una de las banderas políticas de este gobierno fue el tema medio ambiente. Lo abanderaron, dijeron que íbamos a avanzar bastante. No ha sido así. Es una lástima. Están todavía a tiempo de corregirlo”, dijo Josué Chavajay, quien busca ser electo mediante el proceso de elección de representantes del público del Acuerdo de Escazú, para el período 2026-2030. Un proceso en el que votarán miles de personas registradas en una plataforma de este Acuerdo el 10 y 11 de noviembre.

Legislación débil

El país tiene una débil legislación ambiental, apuntó la abogada Lucía Ixloj.

“Los delitos ambientales que están regulados en el Código Penal son pocos y tienen una pena que realmente no ha permitido ser una pena ejemplificante como debería de ser el objetivo”, comentó la abogada.

De esta manera muchos casos terminan en salidas alternativas que no son proporcionales al daño causado.

Las organizaciones han propuesto que se contemple la figura de ecocidio para este Tribunal por la proporcionalidad del daño ambiental.

Por su parte, el abogado ambiental Cristofer López añadió que resolver los problemas de tipificación en Guatemala debe partir de tener claro cómo ocurren los delitos ambientales.

“Toda aquella acción u omisión ilegal, o arbitraria que se produce a sabiendas de un daño considerable, grave, extenso, duradero a la naturaleza y sobre esa base ir tratando como de tipificar diferentes delitos”, propuso.

Si bien el Tribunal de Conciencia no busca impartir penas, sí es una forma de justicia moral que evidencia las violencias ambientales en el país.

Guatemala cuenta con un historial de Tribunales de Conciencia realizados con motivo de las violaciones ocurridas a mujeres durante el conflicto armado y la posguerra, por ejemplo: por violencia de género (1998), dos por violencia sexual (2010 y 2019), así como uno por vulneraciones de parte del Estado y empresas a mujeres indígenas (2018); un conjunto que sin duda serán un antecedente para definir las reglas con las que contará este tribunal ambiental.